o Cuáles son las metas de integración de renovables en El Caribe
La realidad de los países de la región del caribe resulta en general su gran dependencia de los combustibles fósiles salvo algunas excepciones. Se estima que el consumo comercial de energía de la región a partir de estos derivados del petróleo se encuentra entre el 95-97%. A parte de Trinidad y Tobago, que es un exportador neto, y Barbados que cubre parcialmente sus propias necesidades de petróleo y gas natural, ningún otro país de la región caribeña cuenta con recursos de combustibles fósiles autóctonos comercialmente significativos.
Estudios puntuales de los organismos especializados en estos temas, como la CEPAL y OLADE, resaltan las características que resultan comunes para nuestros países caribeños en este tema de la energía, entre las que se señalan:
• Pequeñas economías de escala y pequeños mercados energéticos
• La característica insular, salvo Guyana y Surinam
• Un PIB relativamente alto, por ejemplo T&T, Barbados y Granada.
• Alta cobertura eléctrica, que garantiza un acceso cercano al 98% en la mayoría de los países.
• Monopolios en algunos servicios de energía privados para la generación, transmisión y distribución.
• Gran dependencia del petróleo, exceptuando T&T
• Potencial de recursos renovables inexplotables, particularmente energía eólica, hidroeléctrica y solar)
En esas condiciones, la balanza comercial y la economía interna de nuestros países resultan vulnerables al mercado fluctuante del petróleo, expuesto a una geopolítica marcada por conflictos y tensiones políticas serias. De ahí que nuestra seguridad energética está en permanente amenaza ante estos elementos externos.
La RD está en ese grupo de alta dependencia de los combustibles fósiles. Basta una referencia que resulta de datos del Banco Central de la República Dominicana, que refieren que la compra de hidrocarburos en el mercado internacional acumuló una factura de 766.58 Millones de Dólares en los primeros 5 meses de este año 2020, lo que expresa una considerable reducción comparado con el mismo período del pasado año 2019, donde esa factura ascendía a 1,527 millones de dólares. Esta reducción resulta obviamente de la declarada emergencia sanitaria fruto de la pandemia del COVID19, que obligó a una parada significativa de todas las actividades económicas.
Aún en estas condiciones el volumen de costos para estas importaciones, se mantienen afectando las finanzas nacionales y el presupuesto del Estado, que pudiera dedicar estos recursos a sectores puntuales y vulnerables para el desarrollo, como son la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, entre otros.
A pesar de esta situación de excepción, queda evidente la gran dependencia de combustibles fósiles y el volumen importante de recursos destinados para su abastecimiento.
Sumado a esto, y quizás más grave aún, está la incidencia del cambio climático que coloca a los países del área del caribe en una situación de exposición y vulnerabilidad, obligando a un cambio de paradigma en el tema del manejo medioambiental, y de implementación de una serie de políticas públicas que apunten la mitigación de los gases de efecto invernadero y a la descarbonización de nuestra economía, que no es más que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar las condiciones naturales que nos ofrece el área del caribe, nuestra condición insular, y las bondades de la propia naturaleza.
Es por esto que nuestros países, especialmente RD, se ha insertado en el llamado proceso de transición energética, diseñando una política que procura encaminarse hacia una mayor dependencia de energía renovable, amigable con el medio ambiente y procurar una reducción considerable a la producción de dióxido de carbono.
La República Dominicana cuenta hoy con la matriz de generación más relevante del área del caribe en materia de diversificación, donde contamos con una capacidad instalada de 4,921 MW, de los que cuales 1,184 MW se corresponden con energías renovables, que representan unos 558 MW a escala comercial y 626 MW en hidroeléctricas, lo que nos sitúa en un 24.1% de la matriz de generación, considerando la combinación de capacidad instalada hidráulica. Eólica, solar y biomasa. Para abril 2020 en distribución y autoproducción se tiene una capacidad instalada fotovoltaica ascendente a 156.6 MW, lo cual igual continuará en ritmo ascendente.
Estamos prácticamente alcanzando la meta y el compromiso asumido por el país para el año 2025, lo que será superado considerando la cantidad de manifestación de interés de inversión a través de peticiones de concesiones que se encuentran en tramites en la CNE.
Esto por igual ha venido a representar inversiones privadas en el sector de las renovables, en proyectos a gran escala que incluye eólica, solar y biomasa que superan los 1,240 MMUS$ y una potencia unitaria en MW por encima de los 550 MW.
Este escenario ha quedado impactado por el estado de emergencia sanitaria, que obliga a realizar un cambio en nuestra gestión.
Uno de los efectos que hemos visto ha sido la baja de los precios del petróleo que se convierte en un espejismo engañoso pues es consecuencia del momento y esto podría desincentivar el impulso que ha estado llevando el proceso de transición energética. Es preciso enfatizar que el tema central no necesariamente es económico sino de la salud del planeta, de nuestro entorno medioambiental.
o ¿Que ha funcionado bien y que se necesita ajustar dentro de la regulación para acelerar los mercados de energía renovable?
Es preciso resaltar el entorno favorable para las inversiones que representa el mercado eléctrico dominicano, que inspira la confianza y seguridad jurídica que preocupa tanto a los inversionistas, lo cual debe ser preservado.
El mecanismo de incentivos a las renovables ha sido efectivo, considerando que la normativa contempla tres mecanismos de promoción: (i) Régimen retributivo (beneficios fiscales, exoneración de impuestos, y aranceles aduanales; (ii) Régimen Operativo (Despacho preferencial en el SENI. Costo variable = 0) y (iii) Régimen Económico que tendrá que ser revisado en lo adelante. En el régimen retributivo contiene exención de impuestos de importación en un 100% a equipos y maquinarias, que incluyen los de transformación, transmisión e interconexión; exención de ITBIS (IVA) de un 100% a equipos y maquinarias; y en la autoproducción hasta un 40% de crédito fiscal, descontados en 3 años. De todas maneras, considero que toda esta estructura de incentivos tendrá que ser replanteada ante los cambios de costos que han venido operando en el mercado de las renovables.
La resiliencia del sector eléctrico es altamente importante en vista de la relevancia de la red eléctrica para todas las infraestructuras y, en última instancia, para todas las áreas de negocios y vida. Sin embargo, la estructura centralizada del sistema energético con grandes centrales eléctricas, unidades de control central y procesamiento centralizado de datos es considerado un reto para la resiliencia.
Con la gran vulnerabilidad de la República Dominicana y los países de la región a desastres naturales se presenta como un reto para la planificación a futuro del sector de energía del país. Por lo tanto, el desarrollo de un sistema eléctrico más resiliente implica la priorización de propiedades estructurales robustas en el sistema eléctrico tanto en la transmisión como en la distribución, como por ejemplo el desarrollo de redundancias, almacenamiento de energía o redes semiautónomas.
Por otro lado, también la planificación robusta que analiza las debilidades del sistema, la implementación de diseños preventivos, el manejo de emergencias y la mejora continúa de la adaptabilidad del sistema.
1- Oportunidades Post COVID19
COVID-19 ha afectado la economía mundial, ha desafiado nuestros sistemas sanitarios y ha cambiado disruptivamente la forma en que vivimos.
Tras la crisis del COVID-19, los gobiernos estarán llamados a implementar políticas, medidas y paquetes de estímulo económico y rescate (bailout) para salir de la recesión.
En el caso de la END (ley 1-12) se deben reestructurar las disposiciones contenidas en los objetivos 3.2.1 y 3.2.2.2 que incluya el concepto de «resiliencia» para que el famoso “efecto rebote” que genera la propia re-dinamización de la economía ante estas situaciones de pandemia no nos lleve a los estatus originales de dependencia de combustibles fósiles.
Es importante sobre todo de «no volver a los estatus originales de dependencia de combustibles fósiles» pues no estamos en los escenarios crisis generada a finales de los 70’s y el 2008, porque ahora los países han adoptado compromisos medioambientales y que no afectará el crecimiento de las renovables solo porque el precio de los combustibles fósiles se haya deprimido, es decir «una situación de precio de combustibles fósiles de corto plazo, no puede ser el “Driver” para decisiones de inversión de renovables en el Largo Plazo».
Desde la óptica institucional (caso CNE) la agilización de los trámites administrativos para proyecto renovables, pues se ha demostrado que durante este estado de emergencia que es posible un nuevo esquema para la tramitación y aprobación de estos títulos habilitantes.
Dentro de los nuevos retos se encuentra el tema de la disposición final de los residuos sólidos y como aprovechar su revalorización para la producción de energía como forma de solucionar el problema de más de 300 vertederos a cielo abierto que existen en el país.
La necesaria implementación de una normativa que implemente una política universal de eficiencia energética y que fomente y discipline el ahorro en el consumo.
Asumir los retos de la movilidad eléctrica, la expansión de la generación distribuida y medición neta, que requieren de una redefinición regulatoria clara y precisa.
Y finalmente, una necesaria revisión a la estructura institucional que se corresponde con el sector energético, para una necesaria recomposión y definición de roles desde el Estado.
