La reforma del sector eléctrico dominicano se inició con la promulgación de la Ley de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 en el año 1997. Con el establecimiento de este marco legal, la empresa eléctrica estatal que operaba un monopolio verticalmente integrado, encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar la electricidad, se dividió en tres empresas de distribución: dos de generación térmica, una empresa de transmisión y una de generación hidráulica.

Por medio de la citada Ley, se permitió la participación de inversionistas privados en las empresas de distribución y de generación térmica, hasta en un 50%, así como la instalación de empresas de carácter completamente privado, para generación.
Bajo este contexto, se promulgó en el año 2001 la Ley General de Electricidad No. 125-01, que estableció el marco normativo sobre el cual opera actualmente el mercado eléctrico dominicano. En él, se establecen dos de sus principios fundamentales: la promoción de la participación privada en el sector eléctrico y la promoción de una sana competencia en aquellas actividades que no posean carácter monopólico.

De este modo, el rol del Estado se reorientaba a las funciones de planificación y regulación, lo que dio lugar a la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargada de trazar las políticas energéticas, la Superintendencia de Electricidad (SIE) como reguladora del subsector eléctrico, el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), entidad autónoma encargada de planificar la operación del sistema eléctrico y calcular las transacciones comerciales y el Centro Control de Energía que opera en tiempo real el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Posteriormente, a partir de la formulación del Plan Energético Nacional 2004-2015 por parte de la CNE, se promulgó la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales (año 2007), la cual le otorga funciones complementarias relacionadas con la administración de dicha ley a los fines de la promoción de las fuentes renovables de energía. Otras iniciativas y programas han fortalecido el accionar institucional en esta temática como es el caso del Reglamento de Medición Neta.

En cuanto a las Aplicaciones de Radiaciones Ionizantes, la CNE cuenta con personal capacitado, que brinda servicios relacionados con la seguridad física y radiológica de las fuentes, así como del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) a nivel nacional. Estas funciones fueron atribuidas a la CNE a partir del año 2006 a través de la ley 496-06.

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